Una médica pediatra y un enfermero acusados de homicidio culposo por mala praxis evitaron el juicio oral tras acordar una suspensión de juicio a prueba por el término de tres años, comprometiéndose a una reparación económica millonaria.
El trágico episodio ocurrió en marzo de 2020, cuando una niña de dos años ingresó al Hospital Materno Infantil con un cuadro clínico de vómitos y diarrea. De acuerdo con la acusación fiscal presentada por el fiscal penal UGAP 1, Santiago López Soto, la médica tratante recetó un tratamiento con potasio que resultó erróneo y confuso.
Por su parte, el enfermero imputado cumplió con la prescripción médica sin advertir la incorrección, sin aclarar la confusión que presentaba la indicación y sin realizar las consultas necesarias con los médicos de planta que se encontraban en el nosocomio.
La resolución judicial y las estrictas reglas de conducta
El juez Francisco Mascarello, vocal del Colegio de Jueces del distrito centro, determinó que se cumplían todos los requisitos legales para conceder el beneficio de la probation. Durante la audiencia, se conoció y aceptó la reparación del daño ofrecida a la madre de la menor, representada por el abogado Leonardo Bustos, la cual consistió en el pago de 45 millones de pesos por parte de la médica y 2 millones de pesos a cargo del enfermero.
Como parte del acuerdo, ambos profesionales recibieron reglas de conducta de cumplimiento obligatorio durante tres años, bajo apercibimiento de revocar el beneficio y avanzar hacia el debate oral. Entre las obligaciones impuestas se destaca la prohibición absoluta de realizar prácticas médicas en hospitales públicos y centros de salud del Ministerio de Salud de la Provincia.
Asimismo, deberán completar estudios y capacitaciones laborales o profesionales, realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o instituciones de bien público fuera de sus horarios habituales, y efectuar donaciones mensuales durante seis meses a la fundación del Hogar Divino Niño de la localidad de San Lorenzo. Las defensas técnicas de los acusados estuvieron a cargo de Carlos Catan Rivero, Humberto Catan Rivero y Guillermo Alberto.
