El hijo de Lázaro Báez reconoció su responsabilidad en la causa Vialidad II y recibió una pena de tres años de prisión, en un fallo que unificó su condena total en siete años y nueve meses.
La resolución fue dictada por el Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juez Andrés Basso, al homologar el juicio abreviado acordado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola con seis acusados del segundo tramo de la causa Vialidad. La Unidad de Información Financiera, en su rol de querellante, prestó la conformidad necesaria para sellar el entendimiento judicial que evita el juicio oral.
En el marco del acuerdo, Martín Báez admitió haber participado activamente en el fraude con la obra pública vial en Santa Cruz. La investigación determinó que, entre octubre de 2007 y diciembre de 2015, ocupó cargos de relevancia como accionista y apoderado en Austral Construcciones y otras firmas del grupo empresario que se adjudicaron cerca del ochenta por ciento de las obras viales en esa provincia.
Las penas y los detalles del fallo judicial
Como Martín Báez ya contaba con una condena firme de seis años y seis meses por lavado de activos en la causa conocida como La Ruta del dinero K, el magistrado procedió a unificar ambas sanciones para fijar una pena única de siete años y nueve meses de prisión efectiva, además de una millonaria multa económica.
Del mismo modo, el empresario Julio Mendoza recibió una pena unificada de cinco años y nueve meses, manteniendo el beneficio de la prisión domiciliaria por razones de edad y salud. Por su parte, el empresario Fernando Butti fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por su participación necesaria en las maniobras investigadas por la Justicia.
En cuanto al sector público, tres exgerentes de la Dirección Nacional de Vialidad también fueron condenados a penas de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Entre ellos se encuentran Sergio Passacantando, Jorge Gregorutti y Carlos Alonso, señalados por facilitar el esquema de pagos preferenciales y omitir los controles necesarios sobre las obras adjudicadas al conglomerado empresario.
