El oficialismo reunió 11 firmas en el Senado y buscará tratar la reforma electoral la próxima semana, tras una jornada de altísimo voltaje político.
Tras una jornada de altísimo voltaje político, el oficialismo logró dictaminar el proyecto de reforma electoral, luego de dar marcha atrás con el sistema de listas de adhesión o colectoras que el propio jefe de Gabinete, Diego Santilli, había negociado con un grupo de gobernadores radicales para garantizarse los votos necesarios para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Pero lejos de facilitar el acuerdo, esta concesión terminó por complicar las negociaciones y obligó al Gobierno a dar un giro en su estrategia. Así, con la eliminación de ese sistema y una serie de modificaciones al proyecto, los libertarios consiguieron reunir a última hora los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen.
El dictamen de reforma política también incluye la llamada ficha limpia, es decir, que cualquier persona con una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a la corrupción queda inhabilitada para postularse a cargos electivos. Después de varias idas y vueltas, el oficialismo consiguió por la noche 11 firmas de las diez necesarias para llevar al recinto la iniciativa.
Las claves del acuerdo y las disidencias en el recinto
Las firmas del dictamen se distribuyeron con los seis integrantes del oficialismo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a quienes se sumaron los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez. Por su parte, los senadores de Provincias Unidas Carlos Espínola y Alejandra Vigo firmaron en disidencia, mientras que el radical Flavio Fama terminó acompañando el dictamen en disidencia parcial tras arduas negociaciones.
La senadora Alejandra Vigo fue una de las voces más duras durante el debate en comisión al cuestionar duramente el intento de incorporar colectoras. Por fuera de la eliminación de ese sistema, el dictamen oficialista contempla correcciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, la eliminación de la veda electoral y cambios en la obligatoriedad de los debates presidenciales.
Con este panorama, la Casa Rosada se asegura llevar la discusión al recinto el próximo jueves para intentar aprobar una de las transformaciones institucionales más importantes de los últimos años.