Un grupo de pescadores ecuatorianos presentó una demanda histórica en un tribunal federal de Estados Unidos contra una campaña militar secreta que dejó más de 240 muertos en el océano Pacífico y el mar Caribe.
La demanda, presentada en Pittsburgh por el abogado Daniel Kovalik, reclama una indemnización para diecisiete pescadores de la ciudad portuaria de Manta y exige una orden judicial para detener los bombardeos estadounidenses contra pequeñas embarcaciones. Los demandantes formaban parte de la tripulación de un barco que zarpó el 2 de marzo para pescar cerca de las islas Galápagos, el cual fue inspeccionado por la Armada ecuatoriana sin encontrar ningún tipo de actividad ilícita ni contrabando a bordo.
Horas más tarde de aquella revisión oficial, dos drones armados de un buque estadounidense atacaron la embarcación y la envolvieron en llamas. El bombardeo causó quemaduras graves a los tripulantes Jordy Alexander Flores Lucas y Leonel Alberto Pilay Barahona, quienes debieron lanzarse a botes salvavidas de emergencia para ponerse a salvo.
Abusos, detenciones arbitrarias y presuntos crímenes de guerra
Tras el ataque, los sobrevivientes fueron abordados por personal militar que portaba banderas de Estados Unidos y chalecos de la U.S. Coast Guard. Según la denuncia judicial, los agentes los amenazaron con rifles, se burlaron de los heridos dibujando en una pizarra cómo habían destruido su barco, y sometieron al resto de la tripulación a vejaciones como atarlos con bridas, capucharlos y dejarlos descalzos bajo el sol durante veinticuatro horas sin comida ni agua.
Los funcionarios del gobierno estadounidense han intentado justificar estos operativos basándose en un memorándum secreto del Departamento de Justicia que declara un supuesto conflicto armado contra carteles de la droga. Sin embargo, la demanda subraya que no existen pruebas que vinculen al barco pesquero con el narcotráfico y remarca que, según el derecho internacional, el tráfico de estupefacientes es un delito y no un conflicto armado, por lo que los ataques letales y la detención de sobrevivientes constituyen graves violaciones a las Convenciones de Ginebra y posibles crímenes de guerra.