El Gobierno consiguió destrabar el proyecto de Súper RIGI, que impulsa inversiones por más de US$ 1.000 millones, tras ceder a las exigencias de los legisladores aliados al filo del cierre del año legislativo.
La iniciativa se encontraba frenada desde septiembre pasado debido a las objeciones planteadas por los senadores Maximiliano Abad, Flavio Fama, Martín Goerling y Carlos Espínola, quienes exigieron mayores garantías para proteger los insumos nacionales y frenar la expansión de las importaciones. Ante este panorama, se estableció formalmente que el precio de los bienes no podrá superar en más de un 15% el valor comparable de la oferta extranjera.
Para destrabar el conflicto y evitar que la propuesta del Ministerio de Economía naufragara, el oficialismo garantizó el cumplimiento de una cuota del 20% destinada al compre argentino. De esta manera, las empresas proveedoras podrán importar con tasa cero bienes de capital, maquinaria y equipamiento destinados a ampliar su capacidad productiva, buscando un impacto positivo a largo plazo en la economía local y la modernización industrial.
Nuevos controles y multas millonarias
Dentro del Plan de Desarrollo de Proveedores Nacionales se excluyeron las obras y los servicios del cálculo del 20%, una modificación introducida a partir de la experiencia previa del régimen. Asimismo, se fijó la intervención directa de la Comisión Nacional de Comercio Exterior para determinar la competitividad de los precios y detectar posibles prácticas de competencia desleal o dumping que perjudiquen a la industria nacional.
Otro de los puntos centrales que exigieron los legisladores fue el endurecimiento de las sanciones ante incumplimientos. Mientras que el texto original preveía una multa de hasta el 3% del déficit de contratación, la nueva redacción establece que la penalidad podrá alcanzar la totalidad del monto de inversión pendiente. Fuentes legislativas señalaron que el proyecto podría ser tratado durante las sesiones extraordinarias del próximo mes de diciembre.