El oficialismo nacional diseña una gran coalición antiperonista en la provincia de Buenos Aires para impulsar la candidatura de Diego Santilli, condicionada por la posible derogación del límite a las reelecciones de los jefes comunales.

En la Casa Rosada dan por hecho que conformarán una amplia alianza electoral que incluirá tanto al PRO como al radicalismo, estructurada detrás de la postulación de Diego Santilli para el territorio bonaerense. Para evitar repartir codiciados lugares en las listas legislativas con los socios políticos, los operadores oficialistas consideran clave que se apruebe la reelección indefinida para los intendentes de la provincia.

La posible derogación de la ley 15.315 —aprobada en su momento durante la gestión de María Eugenia Vidal en acuerdo con el Frente Renovador— se convirtió en un recurso vital. Si la Legislatura bonaerense no modifica la normativa que fija un límite de dos mandatos, un total de 82 jefes comunales quedarán impedidos de presentarse a una nueva postulación en el año 2027.

Mientras que el armador libertario Sebastián Pareja rechaza públicamente esta posibilidad, la mesa chica que encabeza Karina Milei junto a Lule y Martín Menem visualiza el asunto como una oportunidad estratégica para consolidar el armado político sin resignar bancas en el Congreso provincial.

La pulseada con la oposición y el rol clave del peronismo

La lógica detrás de esta jugada consiste en ofrecerles a los 17 intendentes de la UCR y a los jefes comunales de otros espacios la posibilidad de retener sus distritos, a cambio de respaldar la coalición antikirchnerista liderada por La Libertad Avanza. De este modo, los libertarios prefieren ceder la continuidad territorial antes que entregar lugares expectantes en las listas de diputados nacionales o concejales.

Sin embargo, la mayor traba legislativa proviene del propio peronismo. El gobernador Axel Kicillof impulsa modificaciones, mientras que sectores alineados con Sergio Massa anticipan resistencia y el cristinismo intenta colar la discusión dentro de una negociación global de cara a las presidenciales de 2027. Con 53 intendentes del PJ afectados por la ley, la tensión interna amenaza con bloquear cualquier acuerdo antes de fin de año.