El gobierno de Estados Unidos prepara una nueva normativa para remunerar a médicos que traten efectos adversos de vacunas, en medio de fuertes advertencias sobre conflictos de intereses que involucran al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr..

La administración del presidente Donald Trump impulsa una serie de cambios profundos en los programas de seguimiento sanitario que encendieron las alarmas entre especialistas en salud pública. Entre las medidas principales se destaca la creación de un centro de investigación sobre lesiones asociadas a vacunas en los Institutos Nacionales de Salud y la modificación del Programa Nacional de Compensación por Lesiones Causadas por Vacunas.

Especialistas advierten que estas iniciativas podrían debilitar la confianza ciudadana en la inmunización y favorecer intereses económicos directos vinculados a litigios contra los fabricantes farmacéuticos. La profesora de Derecho Dorit Reiss señaló que el funcionario mantiene profundas convicciones contrarias a las vacunas y podría obtener réditos económicos de los cambios normativos propuestos.

Las críticas y los millonarios ingresos en la mira

Por su parte, el profesor Peter Hotez advirtió que las decisiones gubernamentales responden tanto a motivaciones ideológicas como a intereses financieros propios o de sus allegados. Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos rechazó de manera categórica todas las acusaciones.

Antes de asumir su cargo, Robert F. Kennedy Jr. declaró ingresos por 25 millones de dólares procedentes de derivaciones relacionadas con demandas judiciales sobre vacunas. Durante su audiencia de confirmación en 2025, la senadora Elizabeth Warren ya había cuestionado severamente estos posibles conflictos de intereses.

El Programa Nacional de Compensación fue creado en 1986 para facilitar indemnizaciones a personas que sufren efectos adversos graves sin necesidad de afrontar complejos procesos judiciales. Los expertos temen que las nuevas modificaciones perjudiquen directamente a los pacientes y aumenten los costos legales para acceder a reparaciones económicas justas.