El organismo migratorio de Estados Unidos confirmó que unos 170.000 ciudadanos de El Salvador mantienen su protección y autorización laboral activa mientras se aguarda una resolución definitiva.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ratificó que los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) pueden continuar trabajando legalmente en el país norteamericano ante la ausencia de un anuncio oficial sobre la vigencia del programa. La aclaración surgió luego de que se cumpliera la fecha prevista para el vencimiento de la designación correspondiente a la nación centroamericana.

El beneficio fue implementado originalmente en el año 2001 tras una serie de terremotos devastadores que provocaron graves daños materiales y humanos en El Salvador, permitiendo desde entonces que miles de personas vivan y trabajen de manera regular. Sin embargo, el panorama político actual bajo la administración de Donald Trump modificó las expectativas iniciales, reflejado en las declaraciones de funcionarios de la Casa Blanca que cuestionan la temporalidad histórica del programa debido a los cambios en materia de seguridad impulsados por el presidente Nayib Bukele.

Plazos legales y advertencias para los beneficiarios

Ante la falta de una comunicación oficial definitiva por parte del gobierno federal, surgió la incertidumbre sobre el margen temporal exacto que ampara a los residentes. La abogada especializada en inmigración Kelley Ortega explicó que, según lo estipulado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la falta de un pronunciamiento oficial 60 días antes del vencimiento activa una prórroga automática de seis meses, extendiendo el beneficio hasta el 9 de marzo de 2027.

A pesar de esta ventana temporal que otorga cierta tranquilidad a los afectados, los especialistas recomiendan no postergar la búsqueda de vías alternativas hacia la residencia permanente. Actualmente, la gran mayoría de los 170.000 salvadoreños cobijados por esta medida se concentra en las áreas metropolitanas de ciudades clave como Washington, Los Ángeles y Nueva York, en un contexto donde otros programas similares para distintas nacionalidades también enfrentan procesos de revisión y posibles terminaciones judiciales en todo el territorio estadounidense.