Dos casos recientes en el Reino Unido volvieron a poner en el centro de la escena las leyes de difamación y el uso de recursos judiciales para bloquear acusaciones de mala conducta.

El sistema legal británico permite que personas adineradas y con poder logren silenciar a sus críticos y bloquear investigaciones periodísticas. Esta situación quedó expuesta recientemente tras conocerse los procesos que involucran al comediante Russell Brand y a la personalidad televisiva David Walliams, quienes enfrentan graves acusaciones que ambos niegan rotundamente.

En el caso del comediante, trascendió que logró obtener una orden judicial prohibitiva que impedía a una denunciante revelar las acusaciones de agresión sexual a casi cualquier persona, incluidos familiares y profesionales médicos. Esta medida inicial generó un profundo repudio impulsado por activistas de la libertad de expresión, reavivando el debate sobre los límites de la justicia británica.

La respuesta del Parlamento y la presión política

Por otro lado, dos importantes medios de comunicación británicos, The Guardian y ITV News, sufrieron restricciones temporales para informar sobre conductas indebidas atribuidas a David Walliams, autor de libros infantiles, antes de que la justicia levantara la prohibición permanente.

La indignación pública y política no tardó en manifestarse en el Parlamento británico. El ministro de justicia en la sombra, Nick Timothy, cuestionó duramente al gobierno sobre las medidas que tomará para frenar estos abusos procesales que atentan contra la transparencia y la rendición de cuentas.

En respuesta, la funcionaria gubernamental Alex Davies-Jones admitió ante los legisladores que el Ejecutivo se encuentra evaluando posibles modificaciones normativas para evitar que se utilice la justicia como herramienta de censura y protección de abusadores.