El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intenta desacreditar los resultados electorales tras la derrota de su coalición y denuncia un supuesto fraude masivo en las comunidades árabes.
La derrota legislativa dejó a su bloque con 53 bancas frente a las 67 obtenidas por la oposición, lo que provocó una escalada de tensiones sin precedentes en el escenario político de Israel. Desde el partido oficialista Likud aseguran sin pruebas que los comicios fueron manipulados, apuntando directamente contra la participación histórica de los votantes árabes que alcanzaron los 19 escaños.
La situación institucional dio un giro dramático cuando se filtró una carta enviada al director de la agencia de seguridad interna Shin Bet. En el documento, el juez de la Corte Suprema que encabeza la Comisión Electoral Central ordenó investigar supuestas interferencias extranjeras vinculadas a la presunta financiación de Catar a uno de los partidos árabes.
Una maniobra para frenar la asunción del Parlamento
Mientras la policía confirmó que no existen evidencias que sustenten las acusaciones de fraude generalizado, la oposición liderada por figuras como Gadi Eisenkot calificó la campaña oficialista como un intento ilegítimo para retrasar la certificación de los resultados y evitar la conformación del nuevo Parlamento.
El objetivo central de los opositores es reemplazar al actual presidente de la Knéset y avanzar en la creación de una comisión nacional para investigar las fallas de seguridad que derivaron en los ataques del 7 de octubre, una pesquisa que Benjamin Netanyahu logró bloquear durante tres años.
La validación oficial de los comicios está prevista para la próxima semana, mientras persiste la incertidumbre sobre la capacidad de la oposición para articular una nueva mayoría gubernamental que incluya el apoyo de los partidos árabes.