A nueve días de las elecciones de mitad de término, la administración de Donald Trump intensifica su ofensiva contra los pilares tradicionales de independencia del Departamento de Justicia con una serie de investigaciones y demandas de alto voltaje político.

El Departamento de Justicia rompió la calma habitual del período preelectoral mediante una seguidilla de acciones que buscan influir en el proceso electoral. La intervención más agresiva ocurrió en Alaska, donde una demanda preventiva intenta frenar la certificación de los resultados al Senado si la candidata demócrata resulta victoriosa, bajo el argumento de que la presencia de un segundo candidato con el mismo apellido podría confundir a los votantes.

La controversia se profundiza mientras la Corte Suprema de Alaska ya avaló la participación de ambos candidatos en el sistema de votación por orden de preferencia. Expertos legales cuestionan la autoridad de la administración para bloquear un proceso electoral estatal, mientras que los demócratas ya se presentaron para intervenir en la causa judicial.

Una ofensiva judicial en múltiples frentes

La ofensiva de octubre incluye medidas contra diversas figuras y procesos electorales en todo el país. El 7 de octubre se estableció un comité para investigar presunto fraude hipotecario a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, quien niega las acusaciones. Días más tarde, agentes federales allanaron el domicilio de la legisladora Ilhan Omar en el marco de una investigación migratoria.

Asimismo, el Departamento de Justicia demandó a California para bloquear votos de más de 20.000 presuntos no ciudadanos y exigió segregar las boletas observadas. A esto se suman las acusaciones contra la senadora estatal de Virginia Louise Lucas por presuntas operaciones ilegales, y cargos contra exfuncionarios del FBI vinculados a investigaciones pasadas, en medio de un clima de máxima tensión institucional.

Frente a las críticas por romper la tradicional veda de prudencia previa a los comicios, el fiscal general Todd Blanche rechazó la noción de independencia respecto de la Casa Blanca y declaró públicamente: 'Trabajo para el presidente Trump'. Por su parte, el propio mandatario se atribuyó la orden directa de avanzar con la demanda en Alaska, en una jugada que redefine el rol de la justicia federal en Estados Unidos.