En un fallo histórico dictado este jueves, la Corte Internacional de Justicia declaró a Myanmar como el primer Estado responsable de cometer genocidio contra su minoría musulmana rohingya.

La decisión judicial, aprobada por nueve votos contra seis, determinó que la violenta represión militar perpetrada en el año 2017 tuvo la clara intención de destruir a este grupo perseguido. Aquella brutal ofensiva dejó miles de personas asesinadas y obligó a más de 740.000 rohingyas a huir desesperadamente hacia el vecino país de Bangladés para salvar sus vidas.

El tribunal ordenó formalmente que Myanmar investigue y castigue a los responsables materiales e intelectuales, garantice reparaciones económicas y morales a las víctimas y permita el retorno seguro de los refugiados. Sin embargo, el organismo internacional carece de un mecanismo directo de ejecución para hacer cumplir sus propias resoluciones de manera inmediata.

Un impacto global que trasciende fronteras

Este pronunciamiento de carácter jurídicamente vinculante podría generar profundas implicancias legales en otros litigios internacionales en curso, como la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio en la Franja de Gaza. Por su parte, el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, advirtió con firmeza que este fallo debe transformarse en acciones concretas y envía una advertencia contundente a nivel global.

Cabe recordar que en 2021, el golpe de Estado militar en territorio birmano desató además una cruenta guerra civil que ya provocó la muerte de más de 100.000 personas y dejó un saldo dramático de 5,2 millones de desplazados, según cifras difundidas por el Consejo de Relaciones Exteriores.