El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una causa contra tres organizaciones aliadas al Partido Demócrata por presunto registro de votantes no ciudadanos en Arizona, a pocos días de las elecciones generales.
El anuncio fue realizado por la Fiscalía Federal para el Distrito de Arizona e involucra directamente a las organizaciones sin fines de lucro Worker Power y Stand Indivisible AZ, además del programa de inscripción When We Count, perteneciente al Comité Nacional Demócrata (DNC). La investigación federal se originó a partir de la difusión de un video grabado por el medio de derecha Muckraker, en el cual un hombre finge ser un delincuente o no ciudadano y consulta si puede registrarse para emitir su sufragio.
El fiscal federal Timothy Courchaine envió cartas idénticas pero con sutiles diferencias políticas al registrador del condado de Maricopa, Justin Heap, y al secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes. En los escritos, el funcionario judicial solicitó una revisión exhaustiva de los registros presentados por estas agrupaciones con el fin de garantizar que únicamente ciudadanos estadounidenses figuren en el padrón electoral, además de haber derivado el expediente al FBI para profundizar las pesquisas.
Fuertes cruces políticos y dudas sobre el momento de la medida
Desde el Comité Nacional Demócrata, el portavoz Angelo Fernández Hernández rechazó de plano las acusaciones y aseguró que no tienen constancia de ninguna irregularidad, calificando la maniobra como una operación inspirada por sectores de derecha. Por su parte, la exfuncionaria electoral republicana Helen Purcell cuestionó duramente la temporalidad del anuncio, advirtiendo que ocurre cuando el plazo de inscripción ya expiró y solo busca generar confusión innecesaria entre los votantes, restando probabilidades reales de que personas no habilitadas reciban una boleta.
Este caso se enmarca en una ofensiva legal más amplia impulsada por el Departamento de Justicia en distintos estados del país en materia electoral, acumulando reveses judiciales en varios distritos. Mientras tanto, en Arizona crece la tensión política en torno a la seguridad de los comicios y las autoridades locales aún no confirmaron si accederán al pedido de revisión solicitado por la fiscalía federal.
