Un nuevo proyecto de ley presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires busca transformar las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB) mediante la ampliación de rubros y la inclusión prioritaria de trabajadores de la economía popular.
La iniciativa, impulsada por la legisladora Andrea González bajo el expediente 3467-D-2026, propone una reforma integral a la Ley 5.122. El objetivo central es diversificar la oferta de productos, permitiendo que las ferias incorporen artículos de limpieza, bazar, librería, ferretería, textiles, indumentaria, calzado, juguetes, plantas y alimentos para mascotas, sumándose a la tradicional oferta de alimentos.
El proyecto establece que las ferias deberán funcionar al menos una vez por semana en cada una de las comunas porteñas, con una distribución estratégica que priorice los barrios populares y zonas con escasa oferta comercial. Para garantizar la transparencia y el orden, se creará un Registro de Postulantes de Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial, donde se dará prioridad a cooperativistas y productores de la agricultura familiar.
Infraestructura y apoyo a sectores vulnerables
Uno de los puntos más destacados de la propuesta es la obligación del Gobierno porteño de proveer infraestructura a aquellos vendedores que no cuenten con recursos propios para adquirir puestos o tráileres. Esta medida busca reducir la informalidad y dignificar las condiciones de trabajo en el espacio público, en un contexto donde los secuestros de mercadería aumentaron drásticamente durante el último año.
La legisladora Andrea González, junto a las coautoras Victoria Freire y Bárbara Rossen, fundamenta la necesidad de esta ley ante el deterioro de las condiciones económicas. Según datos oficiales citados en el expediente, durante 2025 se registraron cerca de 13.000 secuestros de mercadería, una cifra que contrasta fuertemente con los 2.000 procedimientos realizados en 2024, evidenciando la urgencia de regularizar la actividad.
Finalmente, el proyecto exige que todos los rubros alimenticios incluyan opciones aptas para personas celíacas y establece protocolos estrictos para la gestión de residuos y la refrigeración de productos perecederos. La propuesta deberá ahora atravesar el debate parlamentario para determinar su viabilidad y eventual aprobación en el recinto.
