El juicio por el caso Los Sauces reveló nuevos detalles sobre las presuntas maniobras de lavado de dinero realizadas a través de la inmobiliaria familiar de los Kirchner.
Según el requerimiento de elevación a juicio leído ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López concentraron el 88 por ciento de la facturación de la compañía, mediante contratos de alquiler que registraron sobreprecios de hasta el 148,53 por ciento.
La acusación fiscal sostiene que Los Sauces S.A. fue utilizada por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner como una sociedad destinada a canalizar fondos de origen ilícito bajo la apariencia de operaciones inmobiliarias legítimas. Entre enero de 2009 y marzo de 2016, la empresa facturó 29.362.422,30 pesos, de los cuales la mayor parte provino de los conglomerados empresariales de Báez y López, ambos contratistas del Estado durante las administraciones kirchneristas.
Las maniobras en Puerto Madero y El Chaltén
Uno de los casos más relevantes corresponde a un dúplex y cinco cocheras del complejo Madero Center, en Puerto Madero, alquilados por Inversora M&S, perteneciente al Grupo Indalo. El contrato, firmado en marzo de 2012 por Máximo Kirchner y Fabián De Sousa, establecía pagos mensuales en dólares que superaban ampliamente los valores locativos de mercado detectados por las tasaciones oficiales.
Las irregularidades también alcanzaron a las empresas de Lázaro Báez, que alquilaron inmuebles de los Kirchner en Río Gallegos, y a las operaciones vinculadas al hotel La Aldea de El Chaltén. La acusación sostiene que estas operaciones permitieron un extraordinario crecimiento patrimonial de la firma, cuyo patrimonio neto pasó de 100.000 pesos a más de 12 millones hacia fines de 2015, permitiendo incorporar los fondos investigados al patrimonio privado de la familia.
