La Justicia declaró inconstitucional la fórmula de movilidad aplicada durante el gobierno de Alberto Fernández al comprobar que provocó una caída del 46,83% en el poder adquisitivo de los haberes.
Un nuevo revés judicial golpea al sistema previsional argentino tras el fallo emitido por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que determinó que el mecanismo de actualización implementado en el período anterior destruyó el valor real de las prestaciones. Los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque analizaron una demanda particular presentada contra la ANSES y resolvieron que correspondía recalcular el beneficio y abonar las diferencias económicas resultantes.
La normativa cuestionada, identificada como la Ley 27.609, establecía aumentos trimestrales basados en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria destinada al organismo, pero carecía por completo de una cláusula atada a la inflación o de un piso protector. Según detalló el tribunal al comparar los números entre marzo de 2021 y marzo de 2024, los haberes aumentaron un 553,55% mediante esa fórmula, mientras que si se hubiera tomado como referencia el índice de precios, el incremento real habría escalado hasta el 1.129,07%.
Un defecto estructural ante la inflación
En su fundamentación, los magistrados advirtieron que la aceleración de la suba de precios desatada desde el año 2022 dejó al descubierto la falencia técnica de la normativa. Al respecto, el tribunal remarcó que la validez de una ley no es un atributo estático y que la falta de una variable vinculada a los precios generó un perjuicio irreparable en los ingresos del sector pasivo. Asimismo, la sentencia determinó que los bonos y refuerzos otorgados de manera extraordinaria no deben computarse en la comparación, ya que se trataba de subsidios asistenciales y no de aumentos consolidados en el haber ordinario.
Por su parte, el especialista en temas previsionales Adrián Trocoli analizó el alcance de la medida y señaló que el impacto podría traducirse en subas sustanciales para aquellos pasivos que perciben haberes superiores a la mínima y no cobran los bonos complementarios. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que la sentencia no representa una modificación automática para la totalidad de los jubilados, por lo que cada damnificado deberá impulsar su propia vía judicial para lograr el reajuste respaldado ahora por la Justicia.
