El diputado provincial Javier Galán rompió el silencio tras ser denunciado por peculado y abuso sexual, desvinculándose de la contratación del denunciante y apuntando directamente contra la cúpula del bloque MID.

Durante una entrevista concedida a Tiempo Real, de El Ancasti Streaming, el legislador rechazó categóricamente todas las acusaciones en su contra y aclaró la situación laboral de Luna Avellaneda. Según afirmó Javier Galán, el empleado denunciante no trabaja para su despacho personal, sino que pertenece a la estructura del bloque MID, cuya presidencia atribuyó al diputado Fernando Baigorri. De esta manera, el legislador intentó deslindar responsabilidades sobre las presuntas irregularidades vinculadas al pago de salarios que motivaron la presentación judicial.

Asimismo, el diputado se refirió a la grave acusación por abuso sexual y calificó los señalamientos como absolutamente falsos. En su defensa, insinuó que la denuncia podría tener motivaciones espurias relacionadas con la búsqueda de beneficios económicos o habitacionales. Ante los cuestionamientos periodísticos sobre la supuesta difusión de un material audiovisual para intimidar a la denunciante, Javier Galán fue tajante al negar cualquier tipo de hostigamiento o escrache público.

La estrategia de la defensa y el pedido de desafuero

Por su parte, el abogado defensor Pedro Vélez cuestionó con dureza el pedido de desafuero impulsado por el juez de Control de Garantías. El letrado argumentó que existen planteos de nulidad pendientes de resolución y cuestionó que la acusación se haya formalizado mediante un escrito con patrocinio y no con una declaración personal de la denunciante. Además, la defensa remarcó que el expediente cuenta con una pericia psicológica de parte que señalaría supuestas inconsistencias en el relato.

En el plano político, el legislador enmarcó las denuncias dentro de una maniobra destinada a desgastar su labor opositora y castigar su negativa a convalidar determinadas decisiones parlamentarias del oficialismo. Javier Galán aseguró que no negociará sus convicciones y ratificó su disposición a someterse a la justicia, aunque exigió que el proceso de desafuero se ajuste estrictamente a los procedimientos legales vigentes mientras el expediente continúa su curso en los tribunales.