El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un ambicioso proyecto de ley ómnibus denominado Ley de Competitividad Financiera, que contiene más de 225 artículos y ya cuenta con estado parlamentario para su urgente tratamiento en comisiones.

La iniciativa, redactada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a modificar diversos cuerpos normativos con el objetivo central de eliminar restricciones que obstaculizan la actividad económica, promover la libre competencia y fortalecer la seguridad jurídica. El texto ingresó por mesa de entradas y fue girado a las comisiones de Legislación General, Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda para su debate.

Entre las reformas más salientes, el proyecto introduce por primera vez el reconocimiento legal de que todo valor negociable puede emitirse, registrarse y negociarse en blockchain, otorgando validez jurídica plena a la tokenización de activos. Asimismo, se validan los pagarés con ajuste por inflación o dólar mediante sumas determinables por índices objetivos, y se crea la figura del pagaré producto canjeable por bienes físicos como granos y minerales.

Reformas clave en prendas, tarjetas y mercado de capitales

El plan oficial también actualiza un decreto de 1946 sobre Prenda con Registro, permitiendo que start-ups y empresas puedan prendar software, activos digitales, propiedad intelectual y flujos de fondos futuros a través de una prenda flotante sin límite temporal. En paralelo, se estipula que los cupones de las tarjetas de crédito se conviertan en títulos ejecutivos endosables, permitiendo que los comercios cobren de forma inmediata sin esperar los plazos habituales de entre 8 y 18 días.

En el plano bursátil, se habilita el endoso de plazos fijos superiores a 365 días para su negociación en mercados secundarios bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV), evitando el rescate anticipado y las penalizaciones para los ahorristas. Además, se modifican 109 artículos de la Ley de Mercado de Capitales para consagrar la neutralidad tecnológica, la inclusión financiera y la creación de la figura del Agente de Custodia, Registro y Pago, mientras que la CNV pasará a ser un organismo desconcentrado en la órbita del Ministerio de Economía.

Finalmente, la normativa deroga los polémicos planes de ahorro automotor de 1943, reconoce el escaso impacto de la Ley de Financiamiento Productivo para PyMEs y establece que los CEDEAR comiencen a tributar el impuesto a las Ganancias en igualdad de condiciones que las acciones extranjeras directas.