El Gobierno nacional contrató de urgencia y por una cifra multimillonaria a la productora del Lollapalooza para la misa del papa León XIV en Palermo, desatando una fuerte polémica por la inclusión de un exclusivo sector VIP y catering diferenciado.
La Jefatura de Gabinete adjudicó de forma directa y sin licitación pública un monto de 8.690 millones de pesos a la empresa DF Entertainment, propiedad de Diego Finkelstein y controlada en gran parte por Live Nation. La contratación se canalizó mediante la figura de compulsa abreviada por urgencia a través del portal oficial, otorgando plazos sumamente acotados para la presentación de propuestas donde apenas una firma confirmó su postulación.
El contrato bajo la modalidad llave en mano abarcó la producción integral de los eventos, excluyendo estrictamente las actividades litúrgicas. Sin embargo, lo que desató las mayores críticas fue la inclusión detallada en los pliegos de un sector exclusivo para invitados especiales. Dicho espacio contempló carpas climatizadas con alfombras, acreditaciones anticipadas para miles de personas, miles de sillas y un servicio de gastronomía diferenciado que luego fue ampliamente compartido en redes sociales por figuras del ámbito público.
Un proceso exprés y vínculos que generan sospechas
La resolución que firmó la secretaria de Coordinación Legal y Administrativa, Mariana Vello, se amparó en facultades excepcionales otorgadas por decreto que permitieron prescindir de los pasos habituales de control y de la emisión previa de dictámenes técnicos de evaluación. Desde la productora intentaron desligarse de la organización de las comodidades exclusivas, aunque la documentación oficial y la gestión de accesos a través de códigos QR confirmaron la participación logística en las áreas de privilegio.
A este millonario desembolso se sumó la participación de la firma Tech Security SRL en las tareas de vigilancia y custodia del predio. Dicha compañía posee lazos directos con integrantes de la familia Menem, sumando un nuevo cuestionamiento sobre el direccionamiento de contrataciones con el Estado en medio de un contexto de fuerte ajuste fiscal y escrutinio público sobre los gastos oficiales.
