La Cámara de Casación Penal le propinó un fuerte revés a Javier Milei en la causa por la criptoestafa con la moneda digital $LIBRA al readmitir a dos damnificados como querellantes, lo que podría reimpulsar la investigación que el juez Marcelo Martínez De Giorgi intentó cerrar de forma exprés.

La Sala II de Casación hizo lugar a un recurso de queja presentado por las querellas contra el apartamiento previamente dispuesto por Martínez De Giorgi y que había sido confirmado por la Cámara Federal. La decisión judicial lleva las firmas de los magistrados Alejandro Slokar y Angela Ledesma, mientras que se registró la disidencia del juez Guillermo Yacobucci. Esta medida clave habilita a las víctimas a cuestionar de manera directa el sobreseimiento dictado en favor del presidente y de su hermana Karina Milei.

La posibilidad de que el máximo tribunal penal reabriera el expediente había trascendido exactamente el mismo día en aquel momento en que Martínez De Giorgi dictó el sobreseimiento de todos los acusados por la maniobra fraudulenta. Aquel fallo judicial envalentonó al primer mandatario, quien reaccionó con duros ataques públicos contra los periodistas que investigaron el caso y sugirió declaraciones sumamente agresivas. Sin embargo, el festejo oficialista podría haber sido apresurado ante este nuevo escenario legal.

Un fallo en tiempo récord y sospechas en los tribunales

Fuentes con acceso directo a la investigación explicaron que el reconocimiento de la legitimación activa a las víctimas como querellantes constituye un punto de inflexión absoluto en el expediente. Esto las faculta legalmente para cuestionar la clausura de la causa que fue promovida por el fiscal Eduardo Taiano y convalidada por el juez federal. Vale recordar que Martínez De Giorgi decretó el cierre de la instrucción apenas un día después del dictamen del fiscal, un tiempo récord si se compara con la lentitud con la que se movía el caso.

En los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py no tardaron en multiplicarse las sospechas sobre un presunto intercambio de favores políticos vinculado a la designación como jueza federal de Ana María Juan, esposa del magistrado Martínez De Giorgi. Al no haber querellantes legitimados en ese momento, el cierre de la causa solo había sido apelado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, un organismo que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez.

Mientras se aguarda cómo continuarán las diligencias procesales, la resolución sobre la apelación pendiente deberá ser definida por el juez Daniel Rafecas. La situación añade una capa extra de controversia debido a que Rafecas acaba de ser propuesto por la administración de Milei para integrar un cargo de camarista, lo que mantiene en vilo al escenario político y judicial del país.