El Ministerio de Justicia dispuso el cierre de 72 oficinas en todo el país en un plazo de 60 días hábiles como parte del plan de digitalización y reorganización del sistema registral automotor.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de reorganización de los Registros de la Propiedad del Automotor y ordenó el cierre operativo de 72 oficinas distribuidas en diferentes provincias. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 538/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece un plazo de 60 días hábiles para concretar la medida. La normativa, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dispone la supresión de 67 registros seccionales y ordena completar el cierre de otras cinco dependencias que ya habían sido eliminadas administrativamente.

La implementación estará a cargo de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), organismo que deberá redistribuir los legajos y dominios correspondientes entre las oficinas que permanezcan abiertas para garantizar la continuidad de los servicios. Esta decisión forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado con el objetivo de reducir estructuras administrativas y concentrar funciones.

Nuevas funciones y destino de los trámites

La resolución establece que la DNRPA deberá organizar el traslado de los legajos y determinar qué oficinas absorberán los trámites de las dependencias afectadas. Sin embargo, la normativa no detalla de manera individual qué registro recibirá cada trámite suprimido, por lo que esa distribución quedará sujeta a futuras decisiones administrativas. Desde la cartera de Justicia sostuvieron que la medida busca implementar esquemas de gestión simplificados y eficientes.

Por otra parte, las oficinas que continúen en funcionamiento sumarán nuevas competencias. Los registros seccionales podrán recibir autorización para gestionar trámites relacionados con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial, además de operaciones vinculadas con créditos prendarios. Los encargados titulares de aquellas dependencias que absorban las tareas de las oficinas cerradas conservarán sus cargos según lo estipulado por la autoridad nacional.