La Justicia federal dio inicio al juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces para determinar si los fondos públicos que recibieron empresarios vinculados al kirchnerismo retornaron al patrimonio de la familia presidencial.
Con la participación de manera virtual de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, el debate comenzó en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. El tribunal a cargo, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, dispuso que las audiencias se desarrollen a un ritmo de tres veces por semana y sean transmitidas de forma pública.
La investigación principal se centra en establecer si parte de los millonarios recursos obtenidos por Lázaro Báez a través de la obra pública en Santa Cruz reingresaron a las arcas de la familia Kirchner mediante el alquiler de complejos hoteleros. Según consta en la documentación judicial, las empresas de Báez transfirieron más de 40 millones de pesos entre 2008 y 2013 en concepto de locaciones.
Negocios inmobiliarios bajo la lupa judicial
El expediente también abarca las operaciones comerciales mantenidas con Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo. En este caso, la familia Kirchner percibió más de 19 millones de pesos, principalmente por el arrendamiento de departamentos ubicados en Puerto Madero, fondos que según la fiscalía tendrían su origen en una retención indebida del Impuesto a los Combustibles Líquidos por parte de Oil Combustibles.
Durante la primera jornada, que estuvo destinada a la lectura del requerimiento de elevación a juicio por parte de la fiscalía a cargo de Diego Velasco, las defensas argumentaron que las operaciones se encuentran debidamente bancarizadas. Sin embargo, el debate central consistirá en definir si dichos vínculos comerciales constituyeron maniobras de blanqueo de capitales o si correspondieron a transacciones comerciales totalmente legítimas.
Del proceso participan numerosos imputados, entre los que figuran contadores, intermediarios y directores de las sociedades investigadas, como Romina Mercado y el excontador Víctor Manzanares, quienes enfrentan acusaciones por lavado de activos y otros delitos conexos.
