Un lapidario relevamiento del ISEPCi expone una preocupante situación de precariedad laboral, endeudamiento crónico e inseguridad alimentaria que golpea a 78 barrios del Área Metropolitana del Gran Resistencia.
El informe, elaborado a partir de un trabajo de campo ejecutado entre el 24 de agosto y el 9 de octubre, detalla que el 60,9% de los hogares no cuenta con un empleo formal. De ese total, el 36,3% sobrevive mediante changas o trabajo informal, mientras que el 24,6% se encuentra en situación de desempleo. En contrapartida, apenas el 26% posee un trabajo registrado.
En materia de ingresos, el panorama es igualmente crítico: el 67,7% percibe menos de $700.000 mensuales. Como consecuencia directa de esta inestabilidad, el 83,1% de las familias asegura que llega con extrema dificultad a fin de mes o directamente no lo logra, obligando a un 43,1% a endeudarse para poder subsistir.
La crisis llega al plato y afecta con dureza a los niños
La falta de recursos altera drásticamente los hábitos de consumo cotidianos. Ante la falta de liquidez, el 48,9% de los vecinos compra alimentos según el dinero disponible cada día y el 22,3% debe recurrir a la modalidad de comprar fiado en los comercios de cercanía.
El impacto más grave se observa en la seguridad alimentaria. El 70,6% de los hogares con niños, niñas y adolescentes reporta que los menores no pudieron acceder a una alimentación saludable, adecuada y variada por falta de dinero, una cifra que trepa al 78,8% en el caso de los adultos.
Finalmente, el relevamiento conducido por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana advierte sobre las deficiencias en los servicios básicos. El 52,3% de los consultados dispone de suministro de electricidad sin medidor formal, lo que profundiza la vulnerabilidad habitacional y económica en los sectores más postergados de la región.
