El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de concesiones viales para transferir veintisiete corredores a manos privadas, en medio de un desplome histórico en la inversión pública y fuertes cuestionamientos por el estado crítico de los caminos.

Mediante el Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, el Poder Ejecutivo incorporó una extensa nómina de rutas al proyecto de la Red Federal de Concesiones bajo el régimen de la Ley 17.520. La medida instruye a la Secretaría de Transporte a convocar, en un plazo máximo de doce meses, a licitaciones públicas nacionales e internacionales para transferir al sector privado la construcción, el mantenimiento, la reparación y la explotación por peaje de los tramos incluidos en el anexo oficial.

Esta decisión se produce en un escenario marcado por la drástica retracción de la inversión pública vial. Según datos procesados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el gasto ejecutado por la Dirección Nacional de Vialidad experimentó una caída del 80% en términos reales entre 2023 y 2026, achicando los fondos asignados de 2.700 millones de dólares a menos de 800 millones en los ejercicios posteriores.

Un panorama crítico y demandas judiciales en puerta

El fuerte repliegue presupuestario aceleró el deterioro de la red: estimaciones del Instituto Argentina Grande revelan que menos del 50% de las rutas nacionales se encuentra en buen estado, mientras que un 31,8% se halla en mal estado y un 25,8% en condiciones regulares. A su vez, relevamientos sectoriales identificaron tramos severamente dañados con demoras extraordinarias en distintos puntos del país, complicando la logística y el transporte de cargas.

A la par del desfinanciamiento, el sistema sufrió una marcada distorsión en la aplicación de recursos tributarios. Pese a que el impuesto fijo sobre los combustibles aumentó su incidencia en el precio final, informes revelan que el Ministerio de Economía retuvo una porción millonaria de esos fondos para volcarla a instrumentos financieros y apuntalar el superávit fiscal. Ante el abandono de las tareas de conservación, diversas provincias debieron asumir tareas de emergencia con recursos propios, mientras crecen los reclamos judiciales impulsados por legisladores contra la parálisis de los giros viales en el interior.

Por su parte, la Cámara Argentina de la Construcción advirtió que la falta de mantenimiento regular elevará el costo futuro de recuperación de toda la red nacional a unos exorbitantes 23.000 millones de dólares, dejando una compleja herencia para la infraestructura del país.