Un relevamiento nacional expone las profundas diferencias en las estructuras estatales provinciales y ubica al Chaco con 67,9 cargos por cada mil habitantes, en medio de las tensiones fiscales y los reclamos de los gobernadores a la Nación.

El tamaño del sector público muestra una disparidad muy marcada a lo largo y ancho del país. Según el reciente informe basado en datos de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal provincial del Ministerio de Economía, el promedio nacional se ubica en 49,8 empleados estatales por cada mil habitantes. Sin embargo, solo cinco jurisdicciones se encuentran por debajo de esa media.

En el plano regional del NEA, el Chaco encabeza la estadística con 67,9 cargos cada mil habitantes, superando a Formosa (67,1), Misiones (50,8) y Corrientes (50,6). En el extremo opuesto, Córdoba lidera el ranking de menor cantidad de personal estatal con apenas 32,9 puestos, seguida por la provincia de Buenos Aires (37,6), Santa Fe (41,5), Mendoza (43,9) y Salta (48,7).

Las jurisdicciones con mayor peso estatal y el auxilio financiero

En la vereda de enfrente se sitúa Tierra del Fuego, que encabeza el listado nacional con 139,7 cargos por cada mil habitantes, lo que significa que más de uno de cada diez habitantes depende directamente del Estado. Una realidad similar se registra en Neuquén, La Rioja, Santa Cruz y Catamarca, donde las cifras superan ampliamente la media nacional y tensionan las cuentas públicas.

Este escenario de sobredimensionamiento en varios distritos choca con las restricciones presupuestarias y las dificultades para abonar salarios. Cabe recordar que el Gobierno nacional dispuso adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para doce provincias, entre ellas el Chaco, mediante el Decreto 219/2026, tras reconocer problemas financieros transitorios.

La relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales continúa siendo un foco de fricción política constante. Los gobernadores reclaman permanentemente mayores recursos para sostener los servicios esenciales y las paritarias, mientras que la administración central profundiza los recortes en la planta estatal con la mira puesta en las elecciones de 2027.