El Senado paraguayo aprobó por unanimidad la destitución del mandatario Santiago Peña en un histórico juicio político, tras lo cual la Fiscalía ordenó su inmediata detención en el marco de la causa por el colapso de Ueno Bank.

La decisión institucional fue adoptada este viernes por la totalidad de los 44 senadores presentes. El exmandatario no participó de la sesión y delegó su defensa en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, mientras que el vicepresidente Pedro Alliana asumió de inmediato la Presidencia de la República.

El proceso político se precipitó en medio de las devastadoras consecuencias generadas por la intervención de Ueno Bank, una entidad que concentraba aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país con una población de 6,1 millones de habitantes, dejando a una enorme masa de usuarios y jubilados sin acceso a sus ahorros.

Un perjuicio millonario y causas penales

Durante el debate legislativo, los parlamentarios denunciaron un presunto perjuicio económico de 1.200 millones de dólares para el Estado paraguayo, vinculando directamente el manejo de fondos públicos con la caída de la entidad financiera y salpicando también al expresidente del Banco Central, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.

Horas antes de la votación definitiva, Santiago Peña había anunciado su renuncia a través de su cuenta oficial en la red social X señalando que no quería ser motivo de mayor división, aunque el Congreso desestimó tratarla por falta de quorum y avanzó implacablemente con la destitución.

Con 47 años de edad, Santiago Peña se convierte así en el segundo presidente elegido democráticamente en ser destituido en Paraguay desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989, un antecedente que únicamente registraba la salida de Fernando Lugo en el año 2012.

Tras su captura en su domicilio, el exgobernante quedó a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, perdiendo además el beneficio constitucional de asumir como senador vitalicio debido al fallo condenatorio del juicio político.