El Gobierno nacional oficializó la extensión de la suspensión de juicios de ejecución fiscal y embargos para micro, pequeñas y medianas empresas hasta el 30 de junio de 2027.
La medida, formalizada a través de la Resolución 1899/2026 publicada en el Boletín Oficial, instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a mantener este beneficio estratégico para el sector productivo.
Este alivio había sido anticipado previamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 32.ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina. El alcance de la normativa incluye no solo a las empresas que posean el Certificado MiPyME vigente, sino también a pequeños contribuyentes, diversas entidades sin fines de lucro y a todo el sector de la salud.
Un escudo financiero para sostener el empleo
Desde el Ejecutivo nacional remarcaron que las condiciones macroeconómicas que motivaron la contención inicial a finales de 2024 aún persisten. Por esta razón, se consideró indispensable estirar los plazos para evitar una presión financiera desmedida sobre los contribuyentes en plena etapa de recuperación.
En los considerandos de la norma se destaca con firmeza que las MiPyMEs son fundamentales para la economía del país, subrayando su rol protagónico en la generación genuina de empleo y en el sostenimiento del incremento de la capacidad exportadora a nivel federal.
Para el sector empresarial, esta prórroga representa un respiro indispensable en términos de previsibilidad. El Gobierno reafirmó su compromiso de seguir ofreciendo herramientas que fomenten el desarrollo y afiancen la estabilidad productiva hasta mediados del año 2027.
