El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restituye la Ley de Tierras Rurales e implementa un sistema de desalojos exprés para campos y viviendas usurpadas.

La iniciativa se aprobó por 42 votos contra 26 gracias al respaldo aportado por el oficialismo junto a bloques aliados como la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y el Movimiento por Misiones. En la vereda opuesta, los votos en contra provinieron del bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.

Durante su tratamiento legislativo, el proyecto atravesó un camino complejo. El Gobierno debió eliminar inicialmente modificaciones vinculadas a la ley de Tierras y el manejo del fuego, aunque posteriormente en Diputados se restituyó la Ley de Tierras ante el temor de una posible derogación del DNU 70/23. De esta manera, se ratificaron los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además de fijar un tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y áreas de frontera.

Las claves del desalojo exprés y las restricciones estatales

La versión definitiva de la normativa incorpora cambios sustanciales en la Ley de Expropiaciones, restringiendo las facultades del Estado para declarar bienes inmuebles de utilidad pública. La declaración en cuestión deberá interpretarse de manera restrictiva, obligando al Estado a fundamentar detalladamente la medida, al tiempo que se estableció un tope del 30% de indemnización por lucro cesante con una tasa de interés atada al Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.

En materia de usurpaciones, la reforma judicial habilita un procedimiento de desalojo exprés para inmuebles usurpados o con tenencias precarias. El juez interviniente podrá ordenar la entrega inmediata del predio en un plazo máximo de 72 horas si el propietario acredita fehacientemente su titularidad mediante prueba documental y el derecho invocado resulta verosímil.

Por otra parte, la normativa contempla un tratamiento diferenciado para inquilinos morosos, quienes deberán ser intimados mediante carta documento con un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar su situación. Finalmente, se introdujeron modificaciones a la ley Pierri de regularización dominial, exigiendo una posesión pública ininterrumpida durante los diez años anteriores para que las familias puedan acceder a la escritura de su vivienda única.