La Cámara alta sancionó este jueves una profunda actualización del régimen de discapacidad que apunta a consolidar derechos, asegurar la continuidad de las prestaciones, garantizar financiamiento y promover la inclusión laboral.
El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad, una iniciativa que busca consolidar de manera permanente las políticas públicas destinadas al sector, garantizar la continuidad de las prestaciones y brindar mayor previsibilidad tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores. La votación arrojó un resultado categórico con 71 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, dejando de lado el pedido opositor de prorrogar la emergencia para dar lugar a un marco estable con mecanismos permanentes de financiamiento y control.
Uno de los capítulos más importantes actualiza el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. La normativa incorpora expresamente a las personas imposibilitadas para trabajar entre los beneficiarios y fija criterios precisos de acceso que incluyen residencia, niveles de ingresos y evaluaciones socioeconómicas. Además, se dispuso que las pensiones por invalidez laboral equivaldrán al 70% de la jubilación mínima garantizada y mantendrán una actualización automática vinculada a la normativa previsional.
Nuevas reglas para el empleo formal y la cobertura médica
La flamante legislación establece de forma explícita la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el empleo formal, siempre y cuando los ingresos del beneficiario no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. En materia presupuestaria, obliga a que los futuros presupuestos contemplen recursos suficientes y determina que el ingreso por beneficiario no podrá reducirse en términos reales respecto al ejercicio anterior, facultando al Poder Ejecutivo a realizar reasignaciones si los fondos resultan insuficientes.
En cuanto a la atención sanitaria, la norma garantiza a los titulares de pensiones no contributivas el acceso a un programa médico que incluye todas las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901. Asimismo, se fortalece la articulación federal mediante la coordinación entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), implementando además auditorías periódicas y la obligación de publicar la ejecución presupuestaria en formatos abiertos.
Finalmente, la ley exige al Gobierno nacional la publicación de un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes con los prestadores del sistema, respondiendo de este modo a uno de los reclamos históricos de las entidades dedicadas a la rehabilitación y el acompañamiento en todo el país.