La Justicia entrerriana rechazó una acción de amparo que cuestionaba la constitucionalidad de la reforma previsional y avaló los argumentos del Estado provincial.
La sentencia fue dictada el 12 de noviembre por el juez Juan Francisco Malvasio, quien declaró inadmisible la presentación y dispuso que las costas del proceso queden a cargo del demandante, un jubilado del ex Banco de Entre Ríos. El reclamante buscaba voltear la Ley 11.302 para sostener el mecanismo anterior de movilidad atado a los incrementos del sector bancario.
Durante el litigio, la Caja de Jubilaciones y Pensiones demostró que el beneficiario percibió todos los aumentos bancarios hasta el 22 de agosto, fecha en que entró en vigencia la reforma. Un dato clave aportado en la causa reveló que en septiembre, con el nuevo sistema que toma el escalafón con mayor cantidad de aportantes, el jubilado obtuvo un incremento del 3,5 por ciento, mientras que el sector bancario otorgó un 1,9 por ciento.
Defensa estatal y sustentabilidad del sistema
Ante los tribunales, tanto la Caja de Jubilaciones como la Fiscalía de Estado defendieron con firmeza la legalidad de la normativa vigente. Los organismos expusieron la delicada situación financiera del sistema previsional provincial, remarcando su déficit estructural y la imperiosa necesidad de preservar la sustentabilidad mediante un régimen de carácter solidario.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal respaldó la postura estatal al señalar que una discusión de esta magnitud excede los márgenes de una acción de amparo y requiere un debate con mayor amplitud de pruebas. El magistrado coincidió con este criterio y determinó que el demandante deberá recurrir a otras vías judiciales si pretende continuar con su reclamo.
De esta manera, el fallo marca un precedente importante en la defensa de la normativa provincial y pone el foco en la estabilidad financiera que atraviesa el organismo previsional frente a los reclamos particulares de los beneficiarios.
