El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, dictó este jueves la remisión a juicio de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros.

La resolución del magistrado implica un avance decisivo en el proceso judicial, al rechazar los diversos planteos presentados por las defensas, encabezadas por los abogados Miguel Cullen, Ignacio Díaz y José Velázquez. Los letrados se habían opuesto a la incorporación de documentos, correos electrónicos e informes que conforman la prueba central del Ministerio Público Fiscal, representada por los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano.

Entre los pedidos desestimados por Budasoff se encontraban la realización de una pericia informática y otra contable. Las defensas cuestionaban la idoneidad de los profesionales del Ministerio Público Fiscal para la extracción de datos y solicitaban peritos independientes del Superior Tribunal de Justicia para revisar las diferencias en los montos que, según la acusación, no habrían sido justificados por el ex mandatario provincial.

El juez ratificó la validez de las pruebas

Al fundamentar su decisión, el juez Budasoff consideró que los planteos defensivos carecían de utilidad en esta instancia procesal. El magistrado sostuvo que la prueba informática no es accesoria, sino que integra el conjunto de elementos con los que la fiscalía afirma haber reconstruido las operaciones patrimoniales y los vínculos económicos entre los imputados.

El magistrado enfatizó que la discusión sobre la autenticidad, el alcance o la interpretación de los registros electrónicos deberá darse durante el debate oral. Según el juez, la posibilidad de que los elementos probatorios admitan distintas explicaciones no elimina su pertinencia, sino que, por el contrario, justifica que las partes deban confrontar sus posturas frente a un tribunal.

Tras esta resolución, el expediente será remitido a la Oficina de Gestión de Audiencias, organismo encargado de fijar la fecha para el inicio del juicio oral y público. De esta manera, Urribarri y Cardona Herreros deberán enfrentar el proceso judicial donde se ventilarán las acusaciones por el incremento patrimonial que la fiscalía sostiene como ilícito.