Matías Yebara, único detenido por la causa que investiga presuntas irregularidades en el Juzgado Contravencional N° 1, rompió el silencio desde el Servicio Penitenciario y lanzó graves acusaciones contra exfuncionarios del gobierno provincial, legisladores y autoridades judiciales, a pocos días de que comience el juicio oral y público previsto para el próximo 12 de noviembre.

Durante su declaración pública, Matías Yebara sostuvo que el proceso judicial en su contra se encuentra viciado de nulidades y aseguró ser víctima de un estado de indefensión absoluta. El imputado recordó que en el año 2014 prestó declaración bajo la figura de arrepentido ante la Fiscalía General, pero denunció que los acuerdos pactados jamás fueron respetados y que la fiscalía modificó su imputación inicial de miembro a supuesto jefe de una asociación ilícita, en una causa impulsada por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Diego Funes.

La investigación apunta directamente a una red de irregularidades y cobros paralelos operada a través del organismo contravencional, que habría funcionado como un circuito de recaudación ilegal mediante el manejo discrecional de expedientes, inhabilitaciones viales, remates de vehículos y animales, además de la recepción de donaciones. En paralelo, el acusado cumple condena de prisión efectiva por causas anteriores de estafas y extorsión, mientras espera el debate que estará a cargo del tribunal presidido por la jueza María del Rosario Hinojo e integrado por los vocales Felicia Barrios y Mario Puig.

Señalamientos directos al poder político

En otro tramo de sus acusaciones, el detenido rechazó enfáticamente haber liderado las maniobras investigadas debido a que nunca ejerció cargos públicos ni contaba con facultades administrativas para firmar resoluciones. En esa línea, apuntó de manera directa contra el exgobernador Gerardo Morales, exministros, diputados y miembros del Poder Judicial, a quienes acusó de avalar el funcionamiento del circuito recaudatorio. Asimismo, mencionó a la exministra María Inés Zigarán y cuestionó el archivo sistemático de sus denuncias por parte del fiscal general Sergio Lello Sánchez, a quien acusó de encubrimiento institucional.

Finalmente, Yebara denunció que sufre severas represalias, malas condiciones de encierro y hostigamiento contra su familia dentro del penal, lo cual le impediría mantener una comunicación fluida con sus abogados defensores y con los medios de comunicación en contravención a la Ley de Ejecución Penal, responsabilizando de estas acciones a la cúpula del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario.