A dos años de su misteriosa desaparición en General Acha, la familia de César Calluqueo denuncia la falta de respuestas oficiales y apunta contra los errores en los operativos iniciales de búsqueda.
El caso de César Calluqueo, conocido cariñosamente como Pato, cumplió dos años sin novedades sobre su paradero. El jubilado de 75 años fue visto por última vez el domingo 10 de noviembre de 2024, tras dejar una nota sobre la mesa que decía que iba a salir a caminar un rato. En medio de la desesperación, su familia confirmó que padecía Alzheimer y que ese fin de semana no estaba tomando su medicación porque la receta estaba vencida, un factor que pudo haberle provocado desorientación y alucinaciones.
Su hijo, también llamado César Calluqueo, recordó la dolorosa fecha a través de las redes sociales y expresó su impotencia ante la falta de avances judiciales. Desde el inicio, la familia cuestionó severamente el accionar policial. Según relataron, los primeros rastrillajes se hicieron mal y no se les permitió actuar a los bomberos de General Acha y Santa Rosa que acudieron con drones y cámaras térmicas para rastrillar la zona.
Una pista en Neuquén y una nueva fiscal en la causa
A lo largo de estos dos años, la desesperación llevó a los familiares a seguir distintas pistas por su cuenta. En mayo de 2025, un mensaje viralizado en redes sociales alertó sobre la presencia de un hombre idéntico a Pato en la provincia de Neuquén. Ante esto, su hijo viajó y recorrió plazas, despensas y peluquerías con fotos de su padre, aunque finalmente debió regresar con las manos vacías al no obtener datos concretos.
En el plano judicial, la causa tuvo un recambio con la llegada de la fiscal Paula Duscher en reemplazo de Juan Bautista Benítez, quien prometió profundizar la investigación y revisar lo que se hizo mal en el pasado. No obstante, hasta el momento no surgieron novedades alentadoras que permitan esclarecer el hecho. Cabe recordar que el Gobierno de La Pampa, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, mantiene vigente una recompensa de $4 millones para cualquier persona que aporte datos determinantes sobre el paradero del jubilado.
