El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa estableció un nuevo marco normativo para regular la incorporación de herramientas tecnológicas en los tribunales provinciales, fijando límites estrictos para su empleo cotidiano.

A través del Acuerdo Nº 25/2026, aprobado formalmente el pasado 13 de octubre, el máximo tribunal habilitó el uso de sistemas de inteligencia artificial exclusivamente como soporte auxiliar para las tareas judiciales, pero determinó una prohibición terminante: los magistrados no podrán delegar en la tecnología ni el análisis jurídico ni la toma de decisiones.

La disposición alcanza a la totalidad de los magistrados, funcionarios, empleados y profesionales auxiliares que operan dentro del ámbito del Poder Judicial pampeano. Desde el organismo argumentaron que la medida busca modernizar y agilizar los procedimientos vigentes, aunque reconocieron explícitamente los riesgos asociados a los modelos de lenguaje actuales, tales como la generación de información errónea o datos falsos.

Ante este panorama, el protocolo aprobado subraya que la utilización de estas tecnologías no reduce las obligaciones de los operadores judiciales; por el contrario, incrementa su responsabilidad al exigirles un control exhaustivo sobre cualquier contenido que sea procesado mediante sistemas informáticos.

Obligaciones y recaudos técnicos ante los riesgos

El cuerpo normativo establece de manera taxativa que los jueces tienen la obligación personal de realizar la interpretación de las normas, evaluar las circunstancias particulares de cada expediente y verificar minuciosamente la exactitud de los antecedentes legales utilizados en los fallos.

Uno de los ejes fundamentales de la resolución apunta a prevenir las denominadas alucinaciones tecnológicas, situaciones en las cuales los algoritmos producen citas falsas de leyes, doctrina o jurisprudencia que podrían viciar las actuaciones judiciales si no son detectadas a tiempo por los operadores humanos.

Asimismo, el STJ recomendó evitar la introducción de datos personales o información confidencial en plataformas externas de inteligencia artificial, exigiendo además absoluta transparencia sobre las versiones tecnológicas utilizadas en los documentos y la posibilidad de que los ciudadanos cuestionen decisiones respaldadas por estos medios.