Tras avanzar las actuaciones judiciales en los Tribunales, se confirmó que los dos efectivos policiales formalizados por el robo de un gato hidráulico en una gomería de General Pico fueron pasados formalmente a situación laboral de pasiva.
La decisión institucional se tomó apenas cinco días después de formalizada la acusación judicial en los Tribunales de General Pico. El sargento Alejandro Muñoz y el cabo primero Luis Alberto Medrano quedaron formalmente imputados por la sustracción del elemento de trabajo en la gomería Cattaleya, ubicada en la ciudad norteña, y sobre ellos pesan estrictas restricciones de contacto y de acercamiento hacia el denunciante.
La investigación preliminar tuvo un avance clave durante una audiencia realizada en el Palacio de Tribunales ante el juez de control Alejandro Gilardenghi. En dicha instancia participaron activamente el fiscal Matías Juan y la defensora oficial Soledad Forte. Previamente, los dos uniformados habían prestado declaración indagatoria para intentar justificar sus versiones de lo sucedido aquella jornada.
Durante la disputa legal, la Fiscalía mantuvo firme la acusación por el delito de hurto simple agravado por la condición de miembros de una fuerza de seguridad, endilgándoles el rol de coautores. En contraposición, la defensa legal planteó de manera subsidiaria una calificación más leve bajo la figura de apropiación indebida de cosa perdida.
La comparativa con el escándalo en Santa Rosa
Hasta que se dictó la medida administrativa actual, ambos involucrados habían sido simplemente reubicados en otras dependencias policiales dentro de General Pico. Sin embargo, con el avance de la causa penal, la fuerza provincial debió endurecer su postura a la espera de que la Justicia dicte una sentencia firme sobre el accionar de los agentes.
Esta rápida resolución tomada en el norte provincial generó un inevitable contraste con la situación institucional de otros siete efectivos de Santa Rosa, quienes se encuentran bajo investigación formal por supuestas vejaciones y lesiones graves sufridas por un joven lutier identificado como Lautaro Ruiz durante un operativo concretado en septiembre en la capital.
Sobre este segundo expediente, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas aguarda la recepción del informe oficial de imputación por parte de la Justicia ordinaria, un trámite burocrático que en el caso santarroseño demoró cerca de cuarenta días. Una vez completado ese paso formal, las autoridades resolverán si corresponde aplicar el mismo criterio de pasividad para todos los involucrados en el violento episodio.
