Una agente policial deberá abonar la suma de 839.000 pesos tras perder su arma reglamentaria, según lo establecido por una reciente resolución oficial publicada en el Boletín Oficial.
La decisión quedó formalizada en la Sentencia Nº 2644, dictada en septiembre de 2026 en el marco del expediente Nº 7740/2025. La medida recae directamente sobre la agente Natalia Maylen Hernández, a quien se le había asignado una pistola semiautomática marca Bersa, modelo TPR9, calibre 9 milímetros, junto con su respectivo cargador para desempeñar sus tareas habituales de seguridad.
El procedimiento administrativo y legal se inició a raíz del perjuicio económico ocasionado al patrimonio provincial por la desaparición del armamento provisto por el Estado. Durante la tramitación del juicio de responsabilidad, la Jefatura de Policía determinó que el valor actualizado de reposición del elemento faltante ascendía exactamente a 839.000 pesos, cifra que el organismo exigió reintegrar de manera íntegra para no afectar los recursos públicos.
Ante este panorama, la uniformada presentó un descargo formal en el que cuestionó el monto reclamado y solicitó una reducción. Entre sus argumentos principales, sostuvo que al ingresar a la fuerza policial había abonado de su propio bolsillo tanto el uniforme como los elementos entregados, por lo que entendía que el costo del equipamiento ya se encontraba saldado. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas rechazó categóricamente esta interpretación y recordó que los pagos iniciales no otorgan la propiedad de los bienes.
La negativa a contemplar el desgaste y el plan de pagos autorizado
En su segundo planteo defensivo, la agente argumentó que al tratarse de un arma usada correspondía contemplar la antigüedad y el desgaste natural del material, invocando además el principio de proporcionalidad para evitar un supuesto enriquecimiento sin causa por parte del Estado provincial. No obstante, el organismo de control desestimó los argumentos al señalar que el armamento policial no puede equipararse con bienes comunes y que el Estado está obligado a adquirir material completamente nuevo para reponer las unidades extraviadas.
Frente a la negativa de los recursos interpuestos, el Tribunal ratificó el cargo patrimonial por la totalidad de los 839.000 pesos reclamados inicialmente. A pesar de rechazar la quita solicitada, las autoridades aceptaron que la deuda sea cancelada a través de un plan de facilidades adaptado a la situación económica de la empleada pública.
De este modo, la resolución estableció que la cifra total será saldada en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 83.900 pesos cada una. Los respectivos descuentos se ejecutarán de manera automática sobre los haberes mensuales de la uniformada a través de la Contaduría General de la Provincia, hasta completar de forma definitiva el reintegro de los fondos estatales afectados por la pérdida del arma.
