El Ministerio de Salud de La Pampa encendió una alerta roja ante la creciente llegada de pacientes de otras provincias que buscan atención gratuita y prácticas médicas de altísimo valor económico, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la red hospitalaria local.
A excepción de la provincia de Buenos Aires, con la cual existe un convenio de reciprocidad y compensación interprovincial, el resto de las jurisdicciones del país no compensa las atenciones que sus ciudadanos reciben en suelo pampeano. Esta situación genera un desequilibrio financiero donde el erario provincial absorbe costos que otros estados no garantizan a sus habitantes.
Frente a esta demanda importada, la cartera sanitaria endureció los controles y los requisitos de acreditación de residencia para acceder a prestaciones complejas, insumos onerosos y prótesis. La normativa vigente exige parámetros estrictos y bloquea la gratuidad para quienes poseen cobertura privada o carecen de domicilio formal en el territorio.
El caso que destapó la maniobra interjurisdiccional
El fenómeno quedó al descubierto tras el reclamo público de Manuel Esteban, un joven de 26 años internado en el Hospital Dr. René Favaloro a la espera de una prótesis de cadera valuada en casi 12 millones de pesos. Si bien el paciente denunció demoras, los registros oficiales desnudaron una realidad compleja.
De acuerdo con la documentación oficial a la que accedió el medio, el solicitante registró gestiones sucesivas en localidades de Santa Cruz, Río Negro y Neuquén entre 2017 y 2022, antes de asentar su trámite en Santa Rosa en septiembre de 2025. Este raid administrativo y el antecedente de una prepaga activaron los filtros de auditoría.
Para las autoridades sanitarias, este expediente no es un hecho aislado, sino la muestra concreta de cómo el sistema público es demandado por pacientes sin arraigo local, obligando al Estado a blindar el presupuesto para evitar un colapso financiero ante exigencias externas.
