Daniela Herrera Piedrabuena rompió el silencio y defendió con dureza su designación en el Tribunal Oral Federal de La Rioja tras los cuestionamientos públicos del gremio judicial.
La funcionaria rechazó categóricamente las acusaciones que intentaban atribuir su nombramiento únicamente a su vínculo familiar. «Ser hija de un juez no es un mérito ni una falta: es un dato, y no reemplaza una trayectoria construida con trabajo propio», enfatizó en el escrito difundido en las últimas horas.
Para respaldar su postura, detalló puntualmente sus antecedentes dentro del fuero penal federal. Recordó que ingresó como escribiente en 2017 al propio tribunal donde se desempeñó con causas a su cargo hasta 2023, año en el que pasó a la Fiscalía General tras superar el concurso público correspondiente.
Además, remarcó su sólida formación académica al señalar que es abogada recibida en la Universidad Nacional de La Rioja, cuenta con una maestría y múltiples diplomaturas especializadas en derechos humanos y litigación penal cursadas en prestigiosas instituciones.
La normativa y los antecedentes en juego
Con el objetivo de fundamentar la absoluta legalidad de su nombramiento, la abogada citó el artículo 15 del Reglamento para la Justicia Nacional, normativa que regula la cobertura de estos cargos valorando de forma conjunta la idoneidad, la aptitud y la antigüedad en la dependencia.
Asimismo, la funcionaria recordó que antes de su llegada se promovió el ascenso de dos empleadas con extensas trayectorias de 20 y 28 años, y justificó que la medida se alinea con antecedentes aplicados previamente en el organismo durante este año.
Por último, Daniela Herrera Piedrabuena exigió respeto por la independencia profesional de las mujeres en el ámbito tribunalicio. «No pido un trato preferencial por ser mujer: pido que mis antecedentes tengan el peso que merecen y que mi identidad profesional no quede reducida a ser ‘la hija de’», sentenció antes de confirmar que aguardará la resolución definitiva sobre el recurso sindical.
