Un nuevo femicidio cometido dentro de una dependencia pública durante una instancia de mediación volvió a poner bajo severo cuestionamiento los mecanismos de protección estatal en la provincia.
El grave episodio ocurrió el jueves 19 de noviembre en Chicoana, donde una mujer fue asesinada de un disparo por su expareja, un efectivo de la Policía provincial, mientras participaba de una mediación oficial. Tras el ataque, el agresor escapó y fue hallado gravemente herido en una zona descampada, falleciendo en el traslado al hospital.
La investigación quedó bajo la órbita de la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. El crimen ocurrió a solo seis días del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desatando una inmediata reacción de organizaciones sociales y feministas que cuestionaron la falta de seguridad en ámbitos institucionales.
Reclamos urgentes y desamparo judicial
Desde el Observatorio Popular Feminista de Salta advirtieron sobre la gravedad institucional del hecho y señalaron que la violencia de género representa una deuda pendiente del Estado. En este contexto de máxima tensión, Constanza Lee denunció públicamente que continúa sin custodia policial en medio del juicio contra su exmarido, Ricardo Javier Fernández, acusado de abuso sexual con acceso carnal.
Acompañada por su hija Sofía, la damnificada exigió la implementación de una tobillera electrónica para el imputado y lanzó una desgarradora advertencia sobre su propia integridad al manifestar públicamente: Quiero llegar viva al final de este juicio. Su testimonio reflotó además los casos de Natalia Cruz y Romina Balverdi, exponiendo las fallas estructurales en la protección a víctimas.