Un juez concedió la suspensión del juicio a prueba por tres años a una médica pediatra y un enfermero acusados de homicidio culposo por la muerte de una niña de dos años en el Hospital Público Materno Infantil.
El trágico episodio ocurrió en marzo de 2020, cuando la pequeña ingresó al establecimiento sanitario con un cuadro de vómitos y diarrea. Según la acusación impulsada por el fiscal penal de la UGAP 1, Santiago López Soto, la médica prescribió un tratamiento con potasio mediante indicaciones erróneas y confusas.
Por su parte, el enfermero implicado administró la medicación sin advertir las inconsistencias de la prescripción, omitiendo pedir aclaraciones o consultar con los médicos de planta que se encontraban en el turno. El acuerdo judicial fue otorgado por el juez Francisco Mascarello, vocal del Colegio de Jueces del distrito Centro, tras considerar que se cumplían todos los requisitos legales.
Restricciones y una millonaria reparación económica
Como parte de las condiciones impuestas en la probation, los acusados deberán abonar un total de 47 millones de pesos a la madre de la menor en concepto de reparación del daño. La médica pediatra deberá pagar 45 millones de pesos, en tanto que el enfermero afrontará la suma restante de dos millones de pesos.
Asimismo, durante el plazo de tres años, ambos profesionales tendrán prohibido realizar prácticas médicas en hospitales públicos y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud provincial. También deberán cumplir con capacitación profesional obligatoria, realizar trabajos no remunerados en instituciones de bien público y efectuar donaciones mensuales a la fundación del Hogar Divino Niño, ubicado en la localidad de San Lorenzo.
