El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta inició el proceso licitatorio para adquirir 100 armas de baja letalidad destinadas a la fuerza provincial antes de finalizar 2026.
La licitación contempla la incorporación de dispositivos de descarga eléctrica tipo Taser y pistolas de proyección de balines con aire comprimido y gas pimienta, similares a las del sistema Byrna. El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, confirmó la adquisición en declaraciones radiales y explicó que la medida busca dotar a los efectivos de nuevas herramientas para intervenir en situaciones de alta conflictividad en la vía pública y episodios de crisis.
Entre los antecedentes que motivaron esta decisión se encuentran los hechos violentos registrados semanas atrás en la ciudad de Tartagal. No obstante, el funcionario aclaró que una eventual ampliación del equipamiento quedará supeditada a la disponibilidad de las partidas presupuestarias que el Poder Ejecutivo autorice para el próximo ejercicio fiscal.
Reclamos por infraestructura y demanda de capacitación
Este anuncio se da en un escenario complejo marcado por los reclamos sobre las condiciones laborales en distintas dependencias policiales del interior provincial. Durante las recientes exposiciones presupuestarias ante la Legislatura, el propio ministerio reconoció dificultades vinculadas al deterioro edilicio de las comisarías, la falta de personal y la escasez de vehículos operativos para el patrullaje en los 14 distritos de prevención.
Frente a este panorama de carencias, la llegada del nuevo armamento intenta robustecer la capacidad de respuesta operativa, aunque no resuelve de forma directa los problemas estructurales de movilidad e infraestructura que denuncian los efectivos. Asimismo, las autoridades remarcaron que la implementación de estos dispositivos requerirá de estrictos protocolos de actuación y de una capacitación intensiva para el personal que deberá manipularlos en situaciones de riesgo extremo.
