El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo este jueves en medio de una profunda crisis política, económica y social desatada por el colapso financiero de Ueno Bank.

La dimisión se produjo cuando el mandatario enfrentaba un inminente juicio político impulsado desde el propio Congreso y respaldado por sectores de su misma fuerza partidaria. La medida extrema respondía al bloqueo de fondos que afecta a casi tres millones de ahorristas, quienes quedaron sin la posibilidad de acceder a sus depósitos tras el derrumbe de la entidad bancaria.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Santiago Peña expresó: "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas". El ahora exmandatario también pidió disculpas a la ciudadanía y remarcó que su prioridad absoluta será la tranquilidad de los paraguayos afectados.

Claves de una caída inminente y millonarias sospechas

La presión sobre el Poder Ejecutivo escaló de manera irreversible cuando el presidente del Senado, Basilio Núñez, exigió públicamente su salida institucional al advertir que el Parlamento no avalaría ningún perjuicio contra los fondos públicos, privados, jubilados y ahorristas. A esta postura se sumó el respaldo explícito del expresidente Horacio Cartes, actual titular de la Asociación Nacional Republicana.

El trasfondo de la crisis incluye una investigación periodística publicada el pasado 17 de octubre, la cual reveló que Ueno Holding Saeca habría pagado unos 30.000 millones de guaraníes a una empresa donde el propio Peña figuraba como accionista. Asimismo, pesaban cuestionamientos por la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central y por los cuantiosos fondos del Instituto de Previsión Social invertidos en el banco colapsado.

Finalmente, la incertidumbre se mantiene entre los miles de beneficiarios y jubilados cuyos pagos y haberes dependían de la operatoria de la entidad intervenida, mientras el Congreso busca encauzar la transición institucional en medio de la conmoción general.