La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia denunció formalmente ante el Consejo de la Magistratura a cinco magistrados que integran los tribunales internos de la Asociación del Fútbol Argentino, exigiendo su apartamiento inmediato.

La presentación apunta directamente contra cinco funcionarios judiciales que desempeñan tareas en la entidad que encabeza Claudio Chiqui Tapia. Los señalados son Sergio Fernández, Pablo Fernando Morán, Roberto Minguillón, Matías Mancini y Juan Pablo Rodríguez, quienes ocupan lugares clave en el Tribunal de Disciplina y el Tribunal de Ética de la institución deportiva.

Desde la organización civil sostuvieron que esta doble función viola de manera flagrante el artículo 9 del decreto-ley 1285/58, el cual prohíbe de forma expresa a los magistrados ejercer cualquier otra actividad profesional paralela. La ONG argumentó que los integrantes de los tribunales afistas tramitan expedientes, valoran pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones obligatorias, cumpliendo tareas completamente asimilables a las de la judicatura tradicional.

Un conflicto de intereses que salpica a la Corte Suprema

El escrito presentado advierte además que, aun si dicha actividad fuera considerada compatible, el Reglamento para la Justicia Nacional exige una autorización previa de la Corte Suprema de Justicia que jamás fue solicitada ni otorgada. Esta situación compromete severamente la imparcialidad de los jueces, dado que la asociación reúne a numerosos actores que frecuentemente litigan en los tribunales federales.

Esta nueva ofensiva legal representa el segundo paso de un reclamo iniciado en diciembre de 2025, tras la apertura de causas penales contra la cúpula de la entidad. Previamente, el máximo tribunal presidido por Horacio Rosatti ya había sugerido el cese de funciones de otros magistrados que participaban en los órganos internos, lo que motivó media docena de renuncias de jueces de distintas jurisdicciones del país.

La trama de incompatibilidades incluye además conexiones directas con funcionarios del Poder Ejecutivo y magistrados federales, evidenciando un entramado de relaciones que ahora deberá ser investigado a fondo por el Consejo de la Magistratura para determinar responsabilidades disciplinarias y penales.