La Justicia dio por válida la justificación presentada por Manuel Adorni tras meses de investigación por un salto apreciable en sus bienes y gastos desde su asunción en el gobierno de Javier Milei.
El fiscal federal Gerardo Pollicita aceptó la explicación brindada por el ex Jefe de Gabinete sobre la mejora en su tren de vida. El funcionario judicial determinó que no cuenta con elementos suficientes para rebatir que los gastos por cientos de miles de dólares realizados en los últimos años se explican mediante inversiones en criptomonedas que, según el relato de la defensa, se mantuvieron ocultas hasta junio pasado.
Con la causa por enriquecimiento ilícito avanzada y números que no cerraban, Manuel Adorni modificó su estrategia legal y aseguró que junto a su pareja ahorraron 200.000 dólares, los invirtieron en bitcoins y obtuvieron una ganancia de 300.000 dólares antes de asumir cargos públicos. Sin embargo, reconoció que esos fondos no habían sido declarados previamente al fisco, mientras vivían fingiendo no poseerlos.
La historia relatada por su abogado defensor, Matías Ledesma, contempla capítulos informales y difíciles de comprobar debido a la naturaleza de las operaciones digitales. Adorni afirmó que compró bitcoins con ahorros no bancarizados a desconocidos en la vía pública, que operó con ocho billeteras virtuales distintas y que llegó a guardar en efectivo más de medio millón de dólares en su departamento durante años.
Las operaciones con bitcoins y el paso al fuero penal económico
Entre los movimientos más llamativos figura una transacción realizada el 5 de agosto de 2017, cuando un comprador anónimo supuestamente le entregó en mano 296.785,46 dólares en efectivo. La defensa presentó posteriormente un acta labrada por un escribano público en septiembre de este año, donde se constata que el exfuncionario posee las claves privadas de las ocho direcciones de criptomonedas utilizadas en aquellas operaciones.
A pesar de que el fiscal verificó que el exfuncionario puede firmar con dichas claves, advirtió en su dictamen que resulta técnicamente imposible atribuir fehacientemente esas direcciones a una persona específica en el momento en que ocurrieron los hechos investigados, sumado a que los registros de las plataformas ya expiraron. Ante la imposibilidad material de corroborar o desmentir los dichos, Pollicita se vio obligado a aceptar la versión oficial.
Finalmente, al concluir que no existen más líneas de investigación probatorias sobre presuntos delitos de corrupción en la órbita federal, el fiscal solicitó que el expediente sea remitido al fuero penal económico para investigar la posible comisión de delitos tributarios derivados de la tenencia de fondos no declarados.
