El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó el sábado 28 de noviembre de 2026 como la fecha definitiva para dictar su orden sobre las medidas provisionales solicitadas por el país.
La decisión del organismo con sede en Hamburgo determinará si el proyecto petrolero Sea Lion puede avanzar según su cronograma o si debe paralizarse hasta que se resuelva el fondo de la disputa jurídica internacional. El anuncio estuvo a cargo del presidente del organismo, Maurice Kamga, al concluir la segunda y última jornada de audiencias en Alemania.
Durante los alegatos, el agente nacional Mario Oyarzábal sintetizó el pedido en cuatro puntos concretos dirigidos al Reino Unido, exigiendo la suspensión inmediata de nuevas perforaciones y la prohibición de otorgar autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa. Por su parte, la defensa británica representada por la abogada Amy Sander intentó desestimar los planteos vinculados a la soberanía territorial.
Los riesgos ambientales en el centro del debate
El asesor Nico Schrijver expuso cuatro fuentes de riesgo acumulativo que implica el proyecto, destacando una duración proyectada de hasta treinta años y una probabilidad superior al noventa por ciento de que un eventual derrame alcance aguas internacionales. En contraposición, el abogado británico Guglielmo Verdirame calificó los riesgos de pérdida catastrófica como muy improbable según las declaraciones de impacto ambiental presentadas.
El tribunal cuenta ahora con un plazo de diecisiete días para deliberar y definir si existen riesgos de daños graves e irreparables al medio marino antes de que comiencen las perforaciones previstas en la zona austral.
