El Gobierno nacional avanzará en los próximos días con la baja de alrededor de 20 mil Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral tras detectar graves irregularidades en los controles.
La medida se impulsará en el marco de una profunda auditoría sobre el universo de más de un millón cien mil beneficiarios que perciben esta ayuda estatal. Desde la Casa Rosada sostienen que gran parte de los subsidios fueron otorgados de manera fraudulenta y sin cumplir con los requisitos legales correspondientes.
Fuentes oficiales indicaron que el proceso de ordenamiento del sistema recién comienza y se profundizará en los próximos meses. Las autoridades remarcaron que la eliminación de estas prestaciones no afectará a ningún ciudadano que padezca una incapacidad real, sino que busca garantizar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan.
El trasfondo político y el debate en el Congreso
Esta decisión se da tras la media sanción que la Cámara de Diputados le otorgó a la nueva ley de Discapacidad, un proyecto que ahora deberá ser debatido en el Senado. Durante las negociaciones legislativas, el oficialismo aceptó modificar el dictamen original para mantener las pensiones, aunque el equipo económico liderado por Luis Caputo mantiene reparos sobre el impacto fiscal.
Desde el Gobierno apuntaron directamente contra la gestión de Alberto Fernández, a la que acusaron de haber incrementado el padrón de beneficiarios por motivos proselitistas. Mientras el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, analiza el financiamiento de la nueva normativa, las autoridades confirmaron que las auditorías continuarán para dar de baja más subsidios irregulares en todo el país.
