Una masiva ofensiva federal en California contra el presunto fraude electoral puso en la mira a más de una veintena de residentes permanentes que ahora enfrentan duras penas de prisión y la deportación.
Las autoridades federales presentaron cargos esta semana contra más de una veintena de residentes permanentes legales en California, en el marco de una estricta ofensiva impulsada por la administración de Donald Trump contra el voto ilegal y el registro de no ciudadanos. La gran mayoría de los inmigrantes detenidos había solicitado recientemente la ciudadanía estadounidense y ahora enfrenta cargos por mentir en formularios o durante entrevistas oficiales.
Entre los afectados se encuentra José Antonio Bañuelos Díaz, de 42 años, quien lleva cuatro décadas viviendo en Estados Unidos y solicitó la naturalización en octubre de 2025. El gobierno federal lo acusa de haber afirmado indebidamente que era ciudadano al registrarse para votar en 2007, un error que según él se originó al tramitar su licencia de conducir en California. Bañuelos Díaz aseguró que nunca votó y que se enteró del registro al ser arrestado fuera de su casa en Los Ángeles.
Un problema legal que amenaza con destruir décadas de residencia
Otro de los casos más resonantes es el de Pamele Arbues Line, una mujer de 56 años originaria de Filipinas que fue arrestada por agentes de Seguridad Nacional inmediatamente después de su entrevista de naturalización en San Diego. Según la acusación federal, Line se registró para votar en cinco ocasiones y participó en comicios, creyendo erróneamente que había heredado la ciudadanía de su madre. Ahora podría enfrentar al menos 10 años en prisión por mentir en sus declaraciones migratorias.
El Departamento de Justicia indicó que seis personas serán procesadas por haber votado sin ser ciudadanos, mientras que el resto enfrenta cargos graves por falsedad en documentos de naturalización. Las penas por mentir en estos formularios alcanzan hasta una década tras las rejas, superando ampliamente el año de prisión previsto por emitir un sufragio de forma ilegal. La medida se da en paralelo a una demanda contra el estado de California por negarse a verificar la ciudadanía de miles de votantes registrados.
