El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a los contratistas y subcontratistas federales que consulten obligatoriamente con su gobierno antes de responder cualquier indagación del Congreso.

La medida, emitida a última hora, busca retener cualquier comunicación que la Casa Blanca considere confidencial y frenar de inmediato las investigaciones demócratas sobre contratos vinculados a la familia presidencial. Según el texto oficial, las empresas deben coordinar con la administración central las respuestas apropiadas a las solicitudes legislativas, bajo la advertencia de que sus contratos podrían rescindirse y su trabajo futuro quedar suspendido de no cumplir con la directiva.

Esta decisión representa el esfuerzo más reciente del gobierno republicano para resistir la futura supervisión opositora, ante la llegada de los demócratas al control de la Cámara de Representantes. Los legisladores opositores habían convertido los contratos gubernamentales en su principal objetivo de investigación, señalando un flujo irregular de fondos públicos hacia empresas vinculadas al entorno íntimo de Trump.

La respuesta legal de la Casa Blanca y el cruce con la oposición

En paralelo a la orden ejecutiva, el abogado presidencial Will Scharf instruyó a las agencias federales para que solicituen la aprobación de su oficina antes de aceptar comparecer ante el Congreso. Scharf también envió una carta al representante demócrata Robert Garcia, desestimando sus requerimientos de preservación de documentos al argumentar que la oposición aún no cuenta con la mayoría parlamentaria para exigir su cumplimiento.

Desde la administración republicana defendieron la medida como un mecanismo indispensable para proteger los privilegios del poder ejecutivo frente a lo que calificaron como excesos y hostigamiento del Congreso hacia empresas privadas. Por su parte, la directiva alcanza a un vasto universo compuesto por decenas de miles de empresas y promete desatar una prolongada disputa legal en los tribunales estadounidenses.