El presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia frenar la certificación electoral en Alaska en un movimiento sin precedentes que reaviva el debate sobre la integridad institucional en Estados Unidos.
La decisión oficial exige a una corte federal que suspenda la certificación de una posible victoria demócrata en la contienda por el Senado, argumentando una supuesta confusión en las boletas debido a la presencia de dos candidatos con el mismo nombre, Dan Sullivan. Según académicos y expertos legales, esta acción marca la primera vez desde la era de los derechos civiles que el gobierno federal utiliza su poder para interferir directamente en una función constitucional reservada exclusivamente a los estados.
La escalada se profundizó cuando el mandatario pidió públicamente que se procese a la candidata demócrata Mary Peltola, excongresista, tras un reportaje periodístico que sugería una supuesta maniobra para restar votos al titular republicano. A esto se suma el anuncio de una millonaria recompensa para quienes aporten pruebas de fraude electoral, profundizando una estrategia que combina la retórica de campaña con acciones judiciales directas.
La respuesta de la justicia y los temores opositores
Por su parte, el secretario de Justicia, Todd Blanche, defendió la intervención en los medios de comunicación al asegurar que no buscan apoderarse de una votación estatal, sino garantizar la transparencia. Sin embargo, organizaciones civiles como la ACLU advierten que la administración federal lleva meses preparando este escenario.
La ofensiva federal no se limita a Alaska, ya que previamente el Departamento de Justicia demandó a estados como California y Washington bajo cuestionamientos sobre los padrones electorales, aunque un juez federal ya comenzó a rechazar dichas exigencias. Mientras tanto, grupos opositores y defensores del derecho al voto mantienen activos operativos de vigilancia y preparan batallas legales para blindar el proceso de votación de mitad de mandato.
