Los funcionarios estatales asumieron el control total para asegurar las elecciones de medio término de 2026 tras casi dos años de recortes en programas y fondos federales durante la segunda administración de Donald Trump.
La reducción del respaldo federal llega en un momento crítico donde las herramientas de inteligencia artificial facilitan que los piratas informáticos descubran fallas de software, lancen ciberataques y propaguen desinformación destinada a socavar la confianza en los resultados electorales. Sin embargo, los expertos aclaran que la existencia de una vulnerabilidad no implica necesariamente que pueda ser explotada para manipular los comicios, ya que la gran mayoría de las elecciones en Estados Unidos conservan registros en papel para verificar los cómputos electrónicos.
Ante este panorama, los funcionarios se preparan para enfrentar un amplio abanico de riesgos que van desde ciberataques y suplantaciones de identidad generadas por IA hasta amenazas físicas, trastornos logísticos y batallas legales. Según John Milhofer, portavoz de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado, los gobiernos locales han tenido que apoyarse en agencias de seguridad nacional, centros de fusión, fuerzas policiales, unidades de la Guardia Nacional y empresas privadas de ciberseguridad.
El vacío dejado por la agencia CISA
La necesidad de recursos estatales se intensificó luego de que la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) redujera su personal y servicios de seguridad electoral durante 2025, además de finalizar el financiamiento para la red clave de intercambio de información para funcionarios electorales. Michael Moore, director de seguridad de la información de la secretaría de estado de Arizona, señaló que su estado operó sin un asesor de ciberseguridad de CISA dedicado desde marzo de 2025, un bache que debió cubrir el Departamento de Seguridad Nacional de Arizona.
Por su parte, un portavoz de CISA defendió la labor del organismo asegurando que continúan ofreciendo servicios voluntarios sin costo a los gobiernos estatales y locales, tales como escaneos de vulnerabilidades y asesoramiento técnico especializado previa solicitud. No obstante, las autoridades locales reclaman un mayor respaldo unificado a nivel nacional para hacer frente a potenciales ataques informáticos perpetrados por potencias extranjeras.
